Fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y reducir la desigualdad entre hombres y mujeres en este ámbito. Son los principales objetivos del II Plan de Empleo de Personas con Discapacidad que la Junta va a poner en marcha entre 2024 y 2028 y que podrá beneficiar a más de 161.000 personas con diversidad funcional que pueden trabajar, toda vez que la cifra actualmente no llega ni a la mitad.
Para poner en marcha esta nueva estrategia, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha desarrollado un estudio de diagnóstico que revela que de las 380.700 personas con discapacidad que hay en Andalucía, más de 161.000 están en edad de trabajar y pueden hacerlo. Sin embargo, solo tienen empleo 76.700, es decir, menos del 48%. Otras 36.300 están desempleadas y 13.000 están estudiando.
El informe, que este lunes ha presentado la viceconsejera del ramo, Beatriz Barranco, a diversas entidades en unas jornadas participativas en Sevilla, pone de manifiesto también que solo el 20,15% de las personas con discapacidad están ocupadas, frente al 60,23% de la población general; y que la tasa de paro en este colectivo (32,15%) es 13 puntos superior a la general.
De hecho, y según los últimos datos del Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), consultados por este medio, el pasado mayo de este año se registraron en la comunidad 264.042 contratos y solo 4.360 a personas con discapacidad, de los que el 71,5% fueron temporales.
Por otro lado, la Consejería ha detectado que la mayor parte de los incentivos al empleo para las personas con discapacidad están dirigidos al llamado empleo protegido en los Centros Especiales de Empleo (aquellos cuya plantilla está formada por, al menos, un 70% de personas con discapacidad), con más de 88 millones de euros el año pasado; frente a los 214.000 euros que se invirtieron en ayudas al acceso de estas personas a empresas ordinarias. Más satisfactorios, destacó la Junta, son los datos relativos al empleo público, que en Andalucía alcanza el 21% en relación con el peso poblacional de este colectivo, lo que "muestra la eficacia de los cupos de reserva y cuota", mientras que el autoempleo solo alcanza al 8,8%.
Con todos estos datos sobre la mesa, el informe preliminar de la Consejería dirigida por Rocío Blanco apunta a que los principales problemas a los que se enfrentan los andaluces con diversidad funcional son la falta de información sobre sus capacidades y la falta de formación reglada y adaptada según los distintos perfiles y contenidos. Además de las barreras que presenta la digitalización en los procesos de búsqueda de trabajo. En este sentido, los retos identificados pasan por favorecer una mayor participación de las personas con diversidad funcional en el mercado laboral, con empleos de calidad, y disminuir las desigualdades también en este ámbito detectadas entre hombres y mujeres; así como impulsar medidas encaminadas a la formación para el empleo, la formación profesional, la orientación, la intermediación y el acompañamiento en la inserción.
"La inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral no es solo una cuestión de justicia social, sino una oportunidad para enriquecer nuestra economía y fortalecer nuestro tejidos social", ha destacado la viceconsejera, que detalla que este II Plan de Empleo se elaborará en base a un proceso "participativo" que implica la colaboración de "diversos actores", ya que esto "no puede ser un esfuerzo asilado desde la Administración pública".
La Junta también ha subrayado que durante el año 2022 hubo cerca de 19.000 personas con discapacidad que se beneficiaron en la comunidad de las medidas de apoyo a la creación de empleo del SAE; otras 14.319 participaron en un itinerario personalizado de inserción a través de Andalucía Orienta; y 10.741 más fueron derivadas al programa de acompañamiento.
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